Las decisiones de los órganos de la administración deben ser fundadas, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880.
La Sexta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la municipalidad al efectuar los descuentos, pues está en proceso de revisión la apelación al rechazo de los permisos por enfermedad.
No se sustenta en el mero capricho de la autoridad que intervino en la decisión, la que al contrario fundó su decisión en razones técnicas médicas con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica.
En el marco de sus atribuciones, el recurrido debe abstenerse de practicar diligencias que implique el quebrantamiento del reposo extendido por médico psiquiatra.
No obstante, no hay impedimento jurídico para que el organismo cubra la diferencia que exista entre el monto del subsidio por incapacidad que tiene derecho a percibir el/la trabajador/a que hizo uso de las licencias médicas indicadas y el total de los honorarios estipulados.
La ausencia de justificación y de exámenes al paciente, son componentes que debieron ponderarse antes de resolver el rechazo de las licencias médicas.
La función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva la obligación elevada a rango constitucional de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos del Estado ante la ciudadanía.
Resolver en base a los mismos antecedentes, vulnera el derecho a recibir un trato acorde a la condición de salud del recurrente y por, sobre todo, a que se reconozca y diagnostique adecuadamente las patologías que padece, para efectos de ordenar el pago, o no, de las licencias médicas.
No existe un derecho indubitado en favor del recurrente, quien estuvo en conocimiento de cada uno de los rechazos o reducción de sus licencias médicas, sin objetar estar resoluciones de lo que se desprende su conformidad con lo resuelto.
El Minsal presentó indicaciones a la norma, las que fueron consideradas ‘insuficientes’ por la Comisión de Salud. Los congresistas proponen incluso, la suspensión del ejercicio de la profesión.
