Con todo, el Contralor hace presente que en el tratamiento de estos antecedentes los funcionarios de la Superintendencia deben guardar reserva y secreto absoluto de la información que conozcan.

La normativa sectorial permite tanto a la SUSESO como a la COMPIN la recopilación de nuevos antecedentes que den cuenta de la condición de salud del afiliado, para así dar una respuesta fundada a la solicitud de autorización de licencias médicas y pago del subsidio de incapacidad.

La resolución que rechaza el pago del descanso médico debe indicar los fundamentos legales y lógicos considerados para arribar a la tal decisión. En caso contrario, el órgano conculca la igualdad ante la ley que asiste al recurrente.

La Contraloría General ha reconocido esta facultad de los alcaldes como propia de sus atribuciones.

El peritaje afirma que la recurrente se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus labores antes del inicio de la licencia impugnada, lo que hace injustificado el reposo prescrito con posterioridad.

El incumplimiento de esta cantidad de días faculta a la SUSESO a negarse a pagar las prestaciones solicitadas, en razón del artículo 4 del DFL N°44.

El peritaje afirma que la recurrente se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus labores antes del inicio de la licencia impugnada, lo que hace injustificado el reposo prescrito con posterioridad.

La medida es incomprensible al ser la variante Ómicron más contagiosa, por lo que exigir a los funcionarios que mantengan su vida normal luego de ser catalogados como “alerta covid” es irresponsable y puede generar una crisis en la salud pública de la comunidad de Caldera.

El requerimiento de tal comunicación es un requisito adicional que no está previsto en la norma y, en consecuencia, es inexigible.

Ello, por cuanto no son días laborales en dicha jornada.