Sin embargo, para calcular el subsidio que le corresponde al trabajador por un empleador, no se pueden considerar las remuneraciones utilizadas por otro empleador.

No deben confundirse con las remuneraciones ocasionales que ordena excluir el artículo 10 del DFL N°44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Ello, sin perjuicio de la verificación de las operaciones, cifras y antecedentes sustentatorios que se determinen en el ámbito de la fiscalización.

El máximo Tribunal aplicó por analogía in bonam partem la regla prevista en el inciso cuarto del artículo 58 del Código del Trabajo.

La justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo.

El diagnostico quedó a la mera discrecionalidad de la recurrida.

El Tribunal de alzada estableció el actuar infundado de la recurrida al rechazar las licencias médicas por “reposo injustificado”, amenazando la garantía constitucional de derecho a la vida e integridad física y síquica de la recurrente.

La autoridad propuso tres opciones de solución.

Omite justificar por qué el contrato de trabajo, pago de cotizaciones previsionales y declaraciones juradas acompañadas por la recurrente, serían insuficientes para acreditar el vínculo laboral de la actora.

La autoridad determinó que el oficio emitido por la Subsecretaría de Salud Pública no se ajustó a derecho por afectar la garantía de la seguridad social.