El Informe de evaluación económica de las ofertas y la Resolución Exenta dictada por la Dirección de Compras y Contratación Pública, que adjudicó la licitación y declaró inadmisible la oferta de la actora, merecen la calificación de ilegales y arbitrarios.

El artículo 24 de la Ley N° 19.886 establece expresamente una acción de impugnación de los actos ilegales o arbitrarios que se estimen cometidos en la tramitación de un procedimiento administrativo de contratación pública, correspondiendo su conocimiento al Tribunal de Contratación Pública.

La Corte ordenó que el procedimiento se retrotraiga hasta el momento de tener que notificar válidamente el Decreto de término de contrato, sin referirse a la procedencia del acto posterior de cobro de la póliza de garantía.

Esa facultad sólo tiene aplicación para enmendar errores de forma de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886, y el no presentar las facturas requeridas constituye un vicio de fondo, insalvable por ese procedimiento.

Si bien el artículo 53 de la Ley N°19.880 dispone que la invalidación de un acto administrativo puede ser declarada de oficio por la autoridad o a petición de parte, en este último caso, sigue siendo de facultad de la Administración su declaración, por lo que no corresponde reclamar sobre el rechazo de su aplicación.

La estricta sujeción a las bases constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo del proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y dicho instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones de la Administración y del proveedor.

La acción persigue dejar sin efecto el proceso de licitación en curso y que ya fue resuelto por el Ministerio de Minería adjudicando las cuotas a dos empresas participantes.

No afectan el resultado final del cálculo del criterio de evaluación analizado, por lo que, aplicando el principio de no trascendencia, no se ha afectado la evaluación de la oferta del adjudicado. Además, los cambios de criterio se aplicaron a todos por igual, con respeto al principio de igualdad entre los oferentes.

Se adjudicó el proyecto a pesar de que no cumplió con acompañar un programa de gestión de riesgos en el trabajo, según lo exige la Ley N° 19.886, que regula los proyectos que se desarrollan en bienes nacionales de uso público, en relación con la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Los actores alegan que la empresa adjudicada no acreditó cumplir los estándares de fabricación, por cuanto fue sancionada por los fraudes cometidos en la emisión de pasaportes mientras era proveedora del servicio.