El recurrente intentó revertir la decisión de la magistratura, asilándose en el cumplimiento de los contratos bajo el principio de buena fe, no obstante, el máximo Tribunal confirmó la decisión de la magistratura al considerar que, en la especie, el contrato de arriendo impugnado despojaba a los dueños del pleno ejercicio de su derecho de dominio.