La requirente sostiene que debe declararse la inaplicabilidad del precepto legal que impugna para garantizar el derecho a defensa y la garantía de procedimiento racional y justo, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad, lo que se garantía aplicando las reglas del procedimiento ordinario.
Las normas contenidas en la Ley Nº20.027 prevalecen sobre las reglas generales en materia de concurso, debido al trato favorable hacia el deudor moroso, reflejado -entre otros aspectos- en la facultad de retardar el cobro de la deuda por motivos de cesantía.
En atención al principio de especialidad, las normas generales en materia de insolvencia no se aplican al crédito solidario, ya que la Ley Nº19.287 otorga un trato más favorable para el deudor, disponiendo una serie de beneficios para facilitar el pago de la deuda de estudios superiores; por lo que dicho crédito no puede ser incluido en la liquidación concursal iniciada por la fallida.
Pese a que la liquidadora concursal impugnó los créditos de los recurrentes, el máximo Tribunal estimó que aquellos gozaban de preferencia en el pago de los montos obtenidos en sede laboral, debido a que tanto la persona del deudor, como las empresas que llevaban su mismo nombre constituían un único empleador en los términos del artículo 3 del Código del Trabajo, por ende, no se le podía eximir de la reclamación del crédito de sus antiguos dependientes.
Al cuestionar el fallo de los jueces de fondo que confirmaron el rechazo de una impugnación de créditos, en el marco de un procedimiento de liquidación concursal, el recurrente hizo una enunciación vaga y genérica de las normas conculcadas, sin referirse a la norma decisoria ni puntualizar en forma concreta los artículos que le hubieran servido de base para su libelo.
La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Temuco, que confirmó aquella de base que rechazó la exclusión de crédito de un proceso de liquidación concursal. Se presentó la solicitud de liquidación voluntaria de bienes en procedimiento concursal. Uno de los […]
En virtud del principio de especialidad quedan excluidos de los procesos concursales establecidos en la Ley N°20.720 los créditos de estudios superiores regulados por la Ley N°20.027.
Ex alumno de dicho plantel incluyó la deuda de estudios dentro de la liquidación concursal de sus bienes, en circunstancias que el artículo 8 de la Ley N°20.720 excluye de este proceso a aquellos créditos regulados en leyes especiales.
Las Leyes que regulan el financiamiento estudiantil son de carácter especial y priman sobre la Ley N°20.720 en materia de insolvencia.
En razón del principio de especialidad, la Ley N°20.027 prevalece sobre los procesos concursales de la Ley N°20.720.
De esta forma, si el vínculo laboral cesó antes de la fecha en que se dictó la resolución que dispuso la liquidación, la sanción de nulidad del despido debe aplicarse solo hasta dicha data.
