La Ley Nº20.027 que otorga el CAE a los estudiantes de educación superior es de carácter especial, en relación con las normas generales del concurso establecidas en la Ley Nº20.720, y en tal sentido, establece un trato diferenciado más benevolente para el deudor insolvente.
El máximo Tribunal estableció que los jueces de fondo incurrieron en un error de derecho al rechazar la solicitud del Banco y excluir del procedimiento el crédito con garantía estatal del que es titular.
La ley N°20.027 prima por sobre ley N°20.720, en atención al principio de especialidad normativa, en armonía con lo establecido en los artículos 4 y 13 del Código Civil.
El recurrente sostiene que se desconoce el efecto extintivo esa resolución y que al seguir considerándolo moroso se ha afecta su prestigio al notificarse la vigencia de una deuda extinta.
La controversia no es de competencia constitucional por no existir derechos indubitados.
Los hechos denunciados eventualmente podrían constituir vulneración de garantías constitucionales tuteladas por el artículo 20 de la Constitución.
La Ley N°20.720 contempla una serie de reglas procesales que difieren de las normas generales.
Los descuentos se realizan directamente de sus liquidaciones de pensiones.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado, que ordenó la exclusión del crédito con aval del Estado (CAE).
No se logró formar convicción de que se cumpla con la exigencia de que el requerimiento esté razonablemente fundado.
El requirente estima que la disposición impugnada afecta la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
