La requirente alega que la normativa legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad, desde que permite al demandante reclamar cuantiosas sumas de dinero en razón de un procedimiento judicial que se ha mantenido artificialmente vigente durante años, acudiendo a una ficción jurídica que le permite cobrar por trabajos no realizados, lo que conduce a un enriquecimiento ilícito y sin causa.