El máximo Tribunal ordenó al nosocomio realizar la operación necesaria para que el paciente pueda superar un diagnóstico de artrosis de rodilla, e impuso un plazo de tres meses al recinto para cumplir. Asimismo, la magistratura indicó que en este caso no se respetó la calidad de adulto mayor del afectado, y se le ingresó en una lista de espera común, siendo que posee preferencia debido a su edad.
El hospital recurrido señaló que la cirugía no era recomendada, por cuanto no garantizaba una mejoría en la salud de la paciente y no podía realizarse mientras esta última estuviera con trastornos emocionales.
No le corresponde a la judicatura disponer de los medios necesarios para aumentar la capacidad de los recintos recurridos, quienes actúan en función de los recursos que la Administración les proporciona por lo que el amparado debe respetar su turno en la lista de espera.
No es exigible a los padres el pleno conocimiento del sistema, pero sí al establecimiento el que debe informar veraz y adecuadamente a los padres sobre el proceso y sus efectos. El SAE preserva en primer lugar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, antes que los intereses de los establecimientos educacionales.
