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Cualquier camino que permita a nuestro país producir más litio en menos tiempo, es un gran avance para la producción minera y su impacto en la economía.
Cualquier camino que permita a nuestro país producir más litio en menos tiempo, es un gran avance para la producción minera y su impacto en la economía.
Es necesaria una transformación de las reglas del juego que viene desde lo constitucional y que debe trasuntar a todo el ordenamiento jurídico. Así, la iniciativa busca incorporar desde una posición de auténtico sujeto de derechos a las comunidades indígenas en la administración de algunas de las actividades susceptibles de definición estatal.
El Gobierno presentó lo que a su juicio debe ser la Estrategia Nacional del Litio, que busca fomentar el desarrollo de esa industria, aportar a la diversificación productiva y potenciar el desarrollo regional del país, por lo que en esta minuta se explican los principales anuncios y se observan las medidas que tendrán que irse implementando para su desarrollo.
Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.
La Comisión de Minería acordó realizar una sesión adicional para conocer mayores antecedentes e incluso realizar una jornada en la región de Antofagasta, donde está el mayor depósito salino del país
No existe reproche que hacer al Consejo para la Transparencia en orden a considerar que haya ordenado la entrega de una información que contiene datos sensibles, cuya publicidad pudiere afectar a terceros.
La Compañía Minera Salares del Norte SpA denuncia que las Bases de la Licitación presentarían características que podrían vulnerar las normas de defensa de la libre competencia.
No puede concluirse que actualmente, en la etapa en la que se encuentra el proyecto, exista una obligación que haya sido incumplida por la Administración del Estado, pues la obligación de consulta indígena previa no se ha configurado aún.
El Tribunal de alzada acogió las solicitudes del gobernador regional de Atacama y de comunidades indígenas, respectivamente, y dio un plazo de de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia.
La Sala aprobó, en votación dividida, la admisibilidad de una moción que busca prohibir la licitación de contratos especiales de operación de minerales no concesibles a privados, en los tres meses anteriores al traspaso de un gobierno.
La acción persigue dejar sin efecto el proceso de licitación en curso y que ya fue resuelto por el Ministerio de Minería adjudicando las cuotas a dos empresas participantes.