No puede concluirse que actualmente, en la etapa en la que se encuentra el proyecto, exista una obligación que haya sido incumplida por la Administración del Estado, pues la obligación de consulta indígena previa no se ha configurado aún.

El Tribunal de alzada  acogió las solicitudes del gobernador regional de Atacama y de comunidades indígenas, respectivamente, y dio un plazo de de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia.

La Sala aprobó, en votación dividida, la admisibilidad de una moción que busca prohibir la licitación de contratos especiales de operación de minerales no concesibles a privados, en los tres meses anteriores al traspaso de un gobierno.

La acción persigue dejar sin efecto el proceso de licitación en curso y que ya fue resuelto por el Ministerio de Minería adjudicando las cuotas a dos empresas participantes.

Recurrentes denuncian que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°8 y N°24 de la Constitución, junto con el Convenio N°169 de la OIT y la Ley N°19.253, que establece normas de protección de los indígenas