Al existir una sentencia previa que ordenaba la implementación de un tarifario elaborado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es ante aquel órgano que la recurrente debe reclamar el aumento de las tarifas por uso de tarjetas para pagar los servicios de juego que ofrece a sus clientes, no resultando idóneo el recurso de protección para resolver esta controversia.