Los criaderos y vendedores de mascotas y animales de compañía y de animales potencialmente peligrosos, se encuentran sujetos a una serie de requisitos y actos de fiscalización por parte de la autoridad. Sin embargo, la informalidad y falta de fiscalización en la práctica ha provocado que el comercio ilegal de mascotas sea más común y frecuente de lo que nos imaginamos y carga consigo una triste realidad, llevar aparejado en muchas ocasiones el maltrato animal.
La Sala respaldó dos resoluciones que buscan perfeccionar la ley de tenencia responsable de mascotas, estableciendo obligaciones concretas para las autoridades; y definiendo la creación de un registro especial de condenas por actos de maltrato o crueldad con animales.
Entre las razones de la Corte para rechazar el recurso, se señala que no se observa incumplimiento de normas legales por parte de la Seremi, la cual “está facultada para retirar y eliminar a los perros vagos o comunitarios, sólo cuando se está en presencia de un caso de rabia o de un eventual brote de esa enfermedad, cuya situación no corresponde al caso”.
Prohíbe los experimentos en animales vivos con el propósito de realizar actividades de investigación, fabricación o comercialización de productos cosméticos, de higiene o de odorización personal.
La Tercera Sala del tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que había declarado inadmisible la acción.
En la audiencia de formalización, el magistrado ordenó el ingreso de González Pretel al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en dos meses el plazo de investigación.
El texto plantea que los productores podrán usar en los envases o envoltorios la etiqueta o logo “libre de crueldad” o “no testeado en animales”, para informar a los consumidores esta condición.
La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la solicitud del Ministerio Público, tras establecer que la sentencia impugnada, dictada en juicio oral simplificado por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, incurrió en infracción sustancial de ley.
La legislación establece “Normas y conductas destinadas al cuidado y protección integral de los animales domésticos de compañía”. Considera que son actos de maltrato animal el abandono, el encierro inadecuado, la falta de alimentación y asistencia veterinaria, la reproducción con fines comerciales y la zoofilia, entre otros.
Los sentenciadores analizan las probanzas rendidas en el juicio y señalan el motivo por el que les provocan convicción para establecer tanto el ilícito como la participación del acusado en él.
La falta de una regulación adecuada para proteger a los animales ha sido un tema crítico en la legislación, y ha generado preocupación en la comunidad. La necesidad de establecer un marco legal más sólido para prevenir y castigar el maltrato y la crueldad hacia los animales se ha vuelto apremiante.
