El alto tribunal reconoció que estas prácticas son crueles, y generan dolor y sufrimiento en los animales.

Los criaderos y vendedores de mascotas y animales de compañía y de animales potencialmente peligrosos, se encuentran sujetos a una serie de requisitos y actos de fiscalización por parte de la autoridad. Sin embargo, la informalidad y falta de fiscalización en la práctica ha provocado que el comercio ilegal de mascotas sea más común y frecuente de lo que nos imaginamos y carga consigo una triste realidad, llevar aparejado en muchas ocasiones el maltrato animal.

La cancelación del Premio Nacional de esta disciplina por parte del Ministerio de Cultura ha avivado de nuevo la controversia.

Los propietarios del animal afectado dieron cuenta de distintas agresiones del acusado por su condición de homosexuales, dentro de las cuales se encontraban amenazas de muerte a ellos y a su perro.

Son datos personales los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, el nombre, sexo, estado civil, número de rol único tributario, domicilio, teléfono y antecedentes de bienes de su dominio o uso (automóvil), por lo que sin duda la información publicada por los recurridos respecto de la protegida se encuentra en el marco de la citada ley. En razón de esto su divulgación y tratamiento únicamente puede ser efectuada cuando el titular consienta en ello o la ley lo autorice, lo que no ha ocurrido en la especie.

La Sala respaldó dos resoluciones que buscan perfeccionar la ley de tenencia responsable de mascotas, estableciendo obligaciones concretas para las autoridades; y definiendo la creación de un registro especial de condenas por actos de maltrato o crueldad con animales.

Entre las razones de la Corte para rechazar el recurso, se señala que no se observa incumplimiento de normas legales por parte de la Seremi, la cual “está facultada para retirar y eliminar a los perros vagos o comunitarios, sólo cuando se está en presencia de un caso de rabia o de un eventual brote de esa enfermedad, cuya situación no corresponde al caso”.

Prohíbe los experimentos en animales vivos con el propósito de realizar actividades de investigación, fabricación o comercialización de productos cosméticos, de higiene o de odorización personal.

La Tercera Sala del tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que había declarado inadmisible la acción.

En la audiencia de formalización, el magistrado ordenó el ingreso de González Pretel al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en dos meses el plazo de investigación.