La magistrada sometió a proceso a Guillermo Hernán Porcile Arellano, Alberto  Eduardo González Martin, John Eduard Griffith Spielman, Sergio Patricio Ahumada Labbé y José Manuel Llanca Zuazagotía de la resolución que los encausa como autores del delito antes mencionado, por distintos montos y periodos de tiempo.

La prescripción de la acción penal se interrumpe respecto de aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos, no solo por la comisión de nuevos delitos sino que también por existir una querella nominativa.

El máximo Tribunal desestimó la acción constitucional de amparo, al considerar que la medida cautelar privativa de libertad fue dictada con fundamento por juez competente.

La magistrada tuvo presente que, en el caso de Espinosa Valenzuela se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos a su patrimonio personal. Por esas consideraciones, se estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga.

El magistrado consideró que las conductas imputadas a González Jure y Villalobos Krumm son de la máxima gravedad y atentan contra la fe pública, al haber sustraído o permitido que otros funcionarios públicos sustrajeran anualmente, bajo el periodo en que ejercieron la dirección general de Carabineros, respectivamente, fondos públicos destinados a las unidades de inteligencia y de investigación criminal y drogas.