Se trata de sancionar penalmente el porte injustificado de bencina u otro tipo de combustibles en el contexto de manifestaciones, como una forma de prevenir posibles atentados contra las personas durante reuniones en lugares públicos.

En resolución unánime, el tribunal, tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos atribuidos como la participación culpable de los sentenciados en los hechos.

La magistrada además del pago de la indemnización, ordenó que las disculpas públicas deben publicarse en dos diarios de circulación nacional, en el plazo de 15 días hábiles, a contar de la fecha que el fallo se encuentre firme y ejecutoriado.

En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Guzmán Yuri y Arancibia González las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas; más el pago proporcional de las costas del juicio.

La Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la parte que estableció la responsabilidad del Estado por la falta de servicios en el actuar policial en el control de un manifestación pública, pero estableció error de derecho al conceder parcialmente lo pedido por concepto de lucro cesante.

El hecho que ocasionó el daño es atribuible al grupo como tal, no siendo posible que lo cause un individuo, pues el resultado dañoso es la suma de actuaciones que son necesariamente colectivas.

El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el 25 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de La Serena, que sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario, el arraigo nacional, prohibición ejercer labores operativas en la vía pública, recintos o espectáculos públicos, que involucren contacto con civiles y la prohibición de acercarse y/o comunicarse con las víctimas.

Tras una interrumpida exposición, el debate sobre cómo condenar la violencia se volvió a tratar en la Convención, siendo rechazada la propuesta por un total de 44 votos a favor y 57 en contra.

El Tribunal de alzada ordenó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle proceder a la realización de un nuevo juicio con jueces no inhabilitados, tras establecer que la sentencia recurrida no da sustento a la calificación de los hechos que da por acreditados, sin hacerse cargo de la calificación de homicidio frustrado asignada por los acusadores.

El máximo Tribunal apuntó que la utilización de estos implementos está regulada por los protocolos de uso de la fuerza, y «es una temática que no puede ser resuelta» por vía judicial.