El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el 25 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de La Serena, que sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario, el arraigo nacional, prohibición ejercer labores operativas en la vía pública, recintos o espectáculos públicos, que involucren contacto con civiles y la prohibición de acercarse y/o comunicarse con las víctimas.

Tras una interrumpida exposición, el debate sobre cómo condenar la violencia se volvió a tratar en la Convención, siendo rechazada la propuesta por un total de 44 votos a favor y 57 en contra.

El Tribunal de alzada ordenó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle proceder a la realización de un nuevo juicio con jueces no inhabilitados, tras establecer que la sentencia recurrida no da sustento a la calificación de los hechos que da por acreditados, sin hacerse cargo de la calificación de homicidio frustrado asignada por los acusadores.

El máximo Tribunal apuntó que la utilización de estos implementos está regulada por los protocolos de uso de la fuerza, y «es una temática que no puede ser resuelta» por vía judicial.

El gobierno holandés impuso desde el 23 de enero un toque de queda para intentar evitar la propagación del coronavirus, pero varios grupos convocaron multitudinarias protestas contra la medida. A través de un comunicado, el tribunal señaló que la “emergencia” que justifica el toque de queda no se ha podido demostrar.

El Tribunal de alzada hizo lugar a la acción cautelar deducida y revocó la resolución dictada el jueves 27 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de Temuco, ordenando el arresto total del teniente coronel, por considerar que dicha medida garantiza en esta etapa procesal, los fines del procedimiento.

El objeto de observar en terreno la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales relacionadas con la reciente crisis institucional.

El movimiento internacional se suma a exigir que se investigue de manera exhaustiva a todos los involucrados en estos y todos los hechos de violencia policial incluyendo a la línea de mando.

Según la información recibida por la Relatoría, la Policía Nacional utilizó gases lacrimógenos y perdigones de forma masiva e indiscriminada que hirieron a manifestantes, con el fin de dispersar las protestas.

El Tribunal de alzada descartó que la información publicada afecte la honra del oficial, tras establecer que los medios de comunicación recurridos actuaron con estricto apego a las normas sobre libertad de opinión, información y ejercicio del periodismo.