Como el terreno es parte de un predio mayor que administra el Ejército, hoy quien reclama el terreno para uso propio es el Ejército que se estableció allí en 1930. “Pero la comunidad ya habitaba el lugar cuando el Ejército se instaló en la zona”, destaca la doctora en antropología e investigadora en temáticas de pueblos originarios, Laura Kropff.
La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución, dictada por el Juzgado de Garantía de Collipulli, que rechazó la pretensión de la defensa de devolver a los imputados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, desde donde fueron sacados tras haber participado en una protesta, con retención de gendarmes, el 7 de mayo pasado. Hechos que están bajo investigación del Ministerio Público.
Cabe destacar que la resolución reclamada acogió parcialmente la reclamación administrativa, pues se constató la omisión de la observación ciudadana asociada a la realización de un Proceso de Consulta Indígena, materia que fue omitida tanto en el Informe Consolidado de Evaluación como en la RCA que aprobó el proyecto. Así, modificó la RCA, incluyendo la evaluación técnica de dicha observación, a través de la cual descartó la procedencia de dicho proceso por no existir susceptibilidad de afectación directa a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.
Los dueños del inmueble tomado por una comunidad mapuche en la región de Los Ríos, buscan revertir la decisión de la Corte de Valdivia, que confirmó una medida cautelar de alejamiento del predio usurpado, con declaración que permite el ingreso de los imputados al lugar para celebrar las ceremonias religiosas correspondientes al año nuevo mapuche, los días 23 y 24 de junio.
La Fiscalía busca revertir la orden de la jueza de garantía que dispuso la entrega de los nombres y domicilios de los testigos protegidos a la defensa del imputado.
La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Temuco que había acogido la acción constitucional de amparo interpuesta por la Defensoría Penal Mapuche en favor de Emilio Berkhoff y que ordenaba su traslado desde el C.C.P de Biobío al C.D.P de Lebu. Con esta decisión el máximo Tribunal negó al condenado por delitos […]
Las obras realizadas afectaron lugares y elementos sagrados para el ejercicio de la libertad de culto.
Los militares obligaron a las víctimas a subir al camión castrense, ordenándoles a viva voz tenderse boca abajo, cargando con los pies los cuerpos de los jóvenes, a quienes trasladaron hasta un predio forestal, donde les ordenaron descender del camión y lanzarse al suelo. Posición en la cual los rociaron con un líquido, presumiblemente un acelerante, señalando uno de los soldados: “hay que quemarlos”.
El Tribunal de alzada acogió parcialmente la acción constitucional, tras concluir que las expresiones vertidas por la recurrida APRA, por medio de la red social, “sin otorgar una posibilidad de respuesta o contra argumentación de la contraria, no pueden tener por objeto sino afectar la honra de quienes son sindicados como ‘violentistas’, cuestión que en el caso concreto se verifica, toda vez que las expresiones vertidas importan un menoscabo a las personas de los actores”.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar de urgencia, tras establecer que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver los hechos denunciados.
El máximo Tribunal confirmó íntegramente la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la acción constitucional.
