El Ministerio Público no desplegó un mínimo de actividad probatoria en términos de investigación, para confirmar que aquello incautado correspondiera efectivamente al delito que se pretendía, esto es, tráfico del artículo 4 de la Ley Nº20.000.
A la dupla psicosocial del Hospital actualmente le restan por realizar algunos trámites a este respecto, sin embargo, todos ellos se refieren al actuar de la madre y el padre de la niña, y no respecto de la tía, quien ya fue evaluada favorablemente por dicha dupla y respecto de quien ambos padres están de acuerdo en que se le conceda el cuidado provisorio de la niña.
El colegio falló en su deber de protección y de prevención ante situaciones de consumo de drogas. Incumplió un mandato constitucional y debió acompañar a la adolescente ante el riesgo de disposición de drogas psicoactivas y también debió garantizar su permanencia en el sistema educativo.
La configuración jurídica del concepto de culpa o negligencia por incumplimiento contractual en el ámbito del suministro eléctrico se ha apartado de la clásica configuración de la negligencia como reproche culpabilístico a una conducta concreta del deudor, convirtiéndose en una imputación derivada de una asignación de los riesgos típicos de la actividad empresarial.
Se les pudo atribuir la tarea de cuidado y riego, tarea que se encuadra, dentro del verbo rector de “cultivar” y con la definición de esta acción que entrega el diccionario de la Real Academia de la lengua española: “Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen”.
El cultivo de más de 100 plantas de marihuana, con un peso muy superior al que como criterio general se asigna la presunción de autoconsumo, y en un número de plantas mucho mayor que el permitido en las legislaciones en que expresamente se autoriza el cultivo para consumo propio, implica un poderoso indicio en favor del destino al tráfico.
El acusado manejaba un automóvil sin respetar las normas de tránsito, lo que alertó a los agentes de un posible delito de conducción en estado de ebriedad. Al ser controlado, el acusado fue sorprendido transportando en el vehículo diversos papelillos de marihuana y dinero en efectivo producto de la venta de la sustancia.
El hecho de que el demandado sea el titular del contrato de suministro eléctrico, no acompañado a la demanda, no determina en su caso que esté obligado a abonar el suministro de energía eléctrica a una plantación ajena a la vivienda propiamente dicha, obtenido dicho suministro mediante la realización de un arranque irregular que no pasa por el contador de luz.
El máximo Tribunal estimó que el cultivo de cannabis que el recurrente mantenía en su domicilio y en el de unos vecinos, era utilizado para el tratamiento de enfermedades, motivo por el que no existe peligro para la salud pública, que tutela el artículo 8 de la Ley N°20.000, y por lo tanto, el hecho carece de antijuricidad material.
El imputado no respetó una señal de “pare”, alertando a carabineros del sector que al acercarse al vehículo percibieron un fuerte hedor a cannabis, incautando 43 kilos 350 gramos de la sustancia, destinada a ser comercializada ilegalmente en el norte del país.
El procedimiento policial no contó con los recaudos legales necesarios, situación que llevó a solicitar la nulidad del procedimiento policial y, en consecuencia, de las actuaciones y a que se disponga el sobreseimiento, en tanto no surge de la declaración del personal policial ni de las actas circunstancias razonables y objetivas que justificaran el palpado preventivo y requisa.
