El 26 de junio de 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, un hito en la lucha por los derechos LGBTIQ+. Esta histórica decisión, en el caso Obergefell vs. Hodges, representó un avance hacia la igualdad y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, poniendo fin a décadas de discriminación legal.
El Estado polaco se excedió en su discrecionalidad y no cumplió con su deber de garantizar que los solicitantes tuvieran un marco legal específico que previera el reconocimiento y protección de sus uniones. Esta omisión tuvo como resultado la incapacidad de los demandantes para regular aspectos fundamentales de sus vidas y constituyó una violación de su derecho al respeto de su vida privada y familiar.
Varias impugnaciones judiciales exitosas han llevado a que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero sean reconocidos en áreas como declaraciones de impuestos, solicitudes de visas conyugales y derechos de paternidad, aunque su alcance sigue siendo limitado.
El hecho de que sea la madre biológica resulta en este procedimiento irrelevante. Estamos en el ámbito de la legitimidad para ejercer la patria potestad y la guarda y custodia de una menor que ha nacido en el seno de un matrimonio, y en el caso de que las progenitoras viven separadas y no hay acuerdo sobre quién se quedará la hija.
La CSJ de Panamá determinó que la prohibición del matrimonio igualitario es constitucional. Aquí las razones.
No existe fundamento para considerar que otorgar reconocimiento y protección legal a parejas del mismo sexo en una relación estable y comprometida pudiera perjudicar a las familias constituidas de manera tradicional o comprometer su futuro o integridad. Por lo tanto, el objetivo en términos generales de la protección de la familia tradicional no puede aceptarse.
El pronunciamiento se dio tras el anuncio de la Corte de que estudiaría una solicitud para declarar legal el matrimonio igualitario. El gobierno puso énfasis en la necesidad de que la Corte rechace la petición, para así salvaguardar las tradiciones culturales y religiosas del país, dado que el legislador ha señalado expresamente que el matrimonio solo puede celebrarse entre personas de distinto sexo.
Desestimó recursos de inconstitucionalidad dirigidos contra disposiciones del Código de la Familia y otras normas que contienen las frases “matrimonio entre un hombre y una mujer” y “se prohíbe el matrimonio entre individuos del mismo sexo”. Para la Corte, el matrimonio igualitario es una mera aspiración que no posee reconocimiento convencional y constitucional.
Negar validez al certificado de nacimiento extranjero emitido legalmente, que acredita la relación entre el padre de intención y el niño nacido por subrogación en los Estados Unidos, sin prever medios alternativos de reconocer esa relación, contravino el interés superior del niño. En otras palabras, la imposibilidad general y absoluta, durante un período de tiempo significativo, de obtener el reconocimiento de la relación supuso una interferencia desproporcionada en los derechos del niño.
El CPLT desestimó la alegación del Servicio de que no contaría con este antecedente en su Registro de Matrimonios, pues del mismo se puede desprender con facilidad de la fecha de nacimiento de los celebrantes
La Constitución y la ley peruana consideran que el vínculo sólo puede ser contraído entre un hombre y una mujer.
