Adquirió un bien inmueble por prescripción de acuerdo a las disposiciones del DL N° 2695 y que posteriormente vendió, pero al momento de inscribir la compraventa, el Conservador de Bienes Raíces rechazó la inscripción, sosteniendo que el vendedor se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal, circunstancia que importaría que el bien raíz sea considerado social y no del haber propio del cónyuge.

De ser confirmada la sentencia por el tribunal de apelación sería la primera en décadas que supondría aplicar un castigo físico.

Hay que tener en cuenta que nuestro Código (español) no habla de “justa causa” sino solo de “causa” (precisamente para respetar ese principio de “libertad matrimonial”). Y, obviamente, tales causas deberán ser fundamentadas y probadas ante el Tribunal competente que deba conocer del asunto, que será aquél que estará conociendo de la demanda interpuesta por la persona que solicita esa indemnización por incumplimiento de la promesa que se le hizo.

La mera aquiescencia para dejar fotografiarse, como parece desprenderse de la imagen adjunta con la demanda, no implica el consentimiento para publicar ese producto fotográfico. En efecto, captura fotográfica de la imagen y difusión no son conceptos asociados cuya admisión del primero por parte del titular del derecho implique naturalmente el segundo.

Dentro de los datos de carácter personal se encuentran, entre otros, el nombre, edad, sexo, estado civil, profesión, RUT, cuenta corriente, domicilio y teléfono. En razón de esto, su divulgación y tratamiento únicamente pueden ser efectuados cuando el titular consienta en ello o la ley lo autorice, lo que sin duda no ha ocurrido en la especie.

La norma, permitirá la administración de los bienes sociales en forma conjunta o indistintamente y establece conceptualmente un solo tipo de matrimonio. La Sala acordó como plazo de indicaciones, el martes 16 del presente.

La Quinta Sala del tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia de primera instancia que acogió la demanda de indemnización de perjuicios, tras establecer la responsabilidad de las demandadas al no haber adoptado las medidas de seguridad y resguardo de la integridad física de los invitados al matrimonio.

Aun cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no debe responsabilizarse de todas las caídas que sucedan en el ámbito de su jurisdicción, en esta litis se acreditó que la escalera resultaba peligrosa para el ascenso y descenso de los ciudadanos debido a la existencia de los granos de arroz allí desparramados.

El plazo de ocho días es insuficiente, debido a la costumbre que se tiene en Chile que los recién casados tengan un periodo de “Luna de Miel”.

La Comisión de Mujer y Equidad de Género acordó realizar audiencias y abrir un plazo de indicaciones para el texto que avanza en el principio de solidaridad, para mayor equidad en materia patrimonial “considerando que las mujeres son las que enfrentan brechas salariales y realizan trabajos no remunerados”, se precisó.