Ni la normativa internacional ni local ha definido cuánto tiempo es el razonable para, una vez recibida noticia del delito por la autoridad estatal encargada de su persecución, concluir su investigación y realizar el juzgamiento de los responsables hasta dictar sentencia de término. El máximo Tribunal estimó que, por la complejidad de los hechos acusados, se debe invertir mayor tiempo del habitual en esta investigación.