De acuerdo con los términos de la propuesta, 24.800 millones de dólares se destinarían a las provincias y territorios, mientras que 2.500 millones se asignarían a otros ciudadanos canadienses. Además, se contempla la creación de una fundación a la que se asignarían 1.000 millones de dólares, orientada a beneficiar a personas que no recibirían pagos directos como parte del acuerdo.