Si bien las consideraciones de orden administrativo y económico importan en la decisión de la autoridad, éstas no pueden prevalecer cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad de una persona.

El reclamante estaba obligado, en su calidad de titular de los registros sanitarios, a realizar los reconocimientos de equivalencia terapéutica, aun cuando éstos no hayan sido comercializados.

Los recurridos deberán coordinar la adquisición y suministro del fármaco requerido por la actora.

El éxito de la operación depende de la administración de la droga requerida.

La medicación genérica provocó secuelas perjudiciales en el estado de salud del paciente, quien arguye que la administración de los fármacos demandados son su única opción de sobrevida.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario la recurrida al denegar la cobertura del cien por ciento del medicamento, lo que no permitió el acceso oportuno al fármaco imprescindible para el tratamiento del cáncer que afectaba a la recurrente.

La autoridad administrativa no incurrió en acto arbitrario e ilegal, toda vez que, su decisión se encuentra debidamente fundada en razones técnicas que justifican su actuar.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido, al denegar la cobertura por el alto costo del fármaco, cuando está en riesgo la salud y sobrevida de un niño de dos años de edad.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la cartera recurrida, al denegar el financiamiento del fármaco prescrito por el equipo médico tratante, por no estar incluido en el listado definido por la autoridad.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 1, 2, 4 y 9 de la Constitución.