No se desconoce que a través de las redes sociales sea posible incrementar las ventas y el número de clientes, por cuanto pueden ser más los usuarios que ven y se interesan por los productos, pero lo cierto es que la medida cautelar de embargo y secuestro no se puede decretar sobre una red social, por cuanto no es un bien de la ejecutada, sino como se indicó, un medio de comunicación.

Se observa que no lo hace sobre el borde del asfalto, sino que lo efectúa desde su garaje, cuando comienza su acción de marcha atrás, lo que evidencia la innecesaridad del uso de la bocina por no existir riesgo ni peligro evidente como alega la demandada, sino por el contrario, un uso indebido e innecesario.

La adopción de esta medida se realiza en el marco del artículo 66.1 del RGPD, que permite a las autoridades de control tomar medidas provisionales con efectos jurídicos en su territorio en circunstancias excepcionales que requieran una intervención urgente para proteger los derechos y libertades de las personas.

Cuando el dictamen pericial aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquél. Ante el importante valor probatorio de este tipo de pruebas sustentadas en principios técnicos, se ha establecido que las impugnaciones deben ser serias y fundadas.

No resulta procedente el dictado de una medida cautelar cuya finalidad tiende a obstar a otras personas el ejercicio de los derechos que entienden les corresponden. En efecto, con la medida perseguida se estaría impidiendo a la demandada accionar y ejercer sus derechos.

La magistratura estimó que al estar formalizada una investigación en contra de los recurridos, y decretada en su contra la medida cautelar de desalojo, no puede prosperar la acción cautelar que persiga el mismo resultado, pues el litigio ya está en conocimiento de la justicia y se han decretado medidas tendientes a la protección de los derechos de la recurrente.

El Estado no ha adoptado ningún tipo de acción reciente para atender la situación que enfrentan los integrantes de la organización PROVEA. Lo anterior ha llevado a que los factores de riesgo identificados por la Comisión en 2015 y 2019 no se concentren solo en las personas que tienen cargos de coordinación, sino también en el resto de las personas que integran la mencionada organización.

La respuesta del Estado no brinda información sobre la eventual adopción de medidas específicas para proteger a las personas propuestas como beneficiarias. A pesar de que se dieron órdenes internas para realizar medidas de protección, la información disponible indicaría qué estas no se han implementado.

La violencia digital o telemática es toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar.

Frente a la situación descrita resulta conveniente mantener la afiliación del afectado y la consecuente cobertura de las prestaciones médicos asistenciales correspondientes, pues la falta de ellas pondría en serio peligro el estado de salud de éste último. Ello, de modo de no alterar la situación hasta que se decida la cuestión de fondo.