La declaración de inconstitucionalidad de una norma en abstracto vulnera el principio de división de poderes, salvo que se trate de una ostensible inconstitucionalidad o vulneración evidente de derechos fundamentales.

Tribunal Ambiental de Valdivia sustituyó la paralización de las actividades del “Proyecto Inmobiliario Paihuen”, por la prohibición de descargas al lago Villarrica.

La Corte consideró la pena del crimen asignada al delito para mantener la medida cautelar.

La Comisión identificó que la situación concreta de Javier Iván Olivares, en tanto integrante del medio «Confidencial» o periodista independiente en Nicaragua, se inserta en el contexto general represivo de la libertad de expresión en el país que ha sido identificado por la CIDH.

El Tribunal ordenó el ingreso del adolescente al Centro de Internación Provisoria de Arica, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima y por evidente riesgo de fuga. Además, fijó un plazo de 90 días de investigación.

La recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y fundamentó adecuadamente a la resolución impugnada.

La libertad de expresión se puede limitar a través de medidas jurisdiccionales cuando tiendan a la protección del interés superior del niño y la protección de derechos personalísimos de los menores.

En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado ordenó el ingreso de Jara Jarpa, López Aguayo y Cisternas Larenas al Complejo Penitenciario de Valdivia, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

El control de identidad estigmatiza a los sectores de la población históricamente discriminados debido a su edad, apariencia u origen.

El Tribunal tuvo en consideración para dictar la medida, los pronunciamientos de la SEREMI de Medio Ambiente durante la evaluación ambiental y de la Gobernación Marítima.