El máximo Tribunal declaró que la acción impetrada no puede tener éxito, dado que la actuación reprochada a la autoridad no constituye un acto terminal que permita evaluar en este momento la existencia de arbitrariedad o ilegalidad que implique una vulneración de las garantías constitucionales alegadas por el recurrente.
No se observa una infracción al principio non bis in ídem, puesto que las sanciones emanadas de un mismo hecho tienen fundamentos distintos.
Es ilegal y arbitraria la decisión impugnada pues priva de la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos al recurrente, al sancionarlo sin indicar expresamente los fundamentos de hecho en que se sustenta.
Al recurrente se le impuso la medida de separación por 364 días, aplicándosele una sanción distinta y superior a aquella señalada en el ordenamiento vigente al tiempo de ocurrir los hechos por los que fue sancionado.
De lo contrario, se estaría eludiendo el cumplimiento de las normas que limitan o prohíben el desarrollo de ese tipo de tareas durante la jornada de trabajo.
En ninguna de las actuaciones reprochadas comparece el recurrente, por lo que no puede tenerse por acreditada su responsabilidad disciplinaria si el supuesto de hecho no se encuentra probado. Se dispone el reintegro de las remuneraciones descontadas.
La medida disciplinaria aplicada al actor fue ejercida dentro de las competencias y facultades reglamentarias que le asisten a la institución.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
No existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la institución, toda vez que las etapas del proceso llevado a cabo para adoptar la decisión impugnada se ajustaron a la normativa interna.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La sanción se aplicó luego que se reconsiderara la destitución de la actora.
