La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso, el derecho a recurso y el derecho de propiedad, como así también, el inciso segundo del artículo 105 de la Carta Fundamental, al no haberse resuelto por las autoridades competentes los recursos que interpuso, rectificarse la resolución para modificar la causal primitivamente aplicada y ejercerse una facultad discrecional sin encontrarse motivada.