Según la solicitud, la propuesta beneficiaria fue detenida el 20 de agosto de 2024 y llevada a la sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de la Guaira. El 22 de agosto, fue trasladada por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a un lugar desconocido.

El 30 de julio de 2024, en horas de la mañana en la ciudad de Caracas, el beneficiario habría sido privado arbitrariamente de su libertad por presuntos agentes del Estado adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Desde ese momento no se conocería su paradero.

A la fecha, se desconoce su paradero por lo que se estima que se ha configurado su desaparición forzada. Tanto la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) han negado tenerlo bajo su custodia.

La parte solicitante alegó que María Andreina Oropeza Camacho, coordinadora estatal del comando de campaña del candidato a la presidencia Edmundo González, se encuentra en situación de «desaparición forzada» desde el 6 de agosto de 2024, tras haber sufrido un allanamiento presuntamente arbitrario en su residencia por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El fallo señala que, con los antecedentes hasta aquí reunidos es posible concluir que el proceder de los funcionarios de Carabineros el día de los hechos se puede estimar propio de un actuar policial racional y consecuente con las circunstancias en que debieron hacer uso de sus armas de fuego, sin que exista ningún elemento fáctico que permita sostener lo contrario.

La Comisión observó que su calificación como «contrarrevolucionario» y su manifestación contra el gobierno han llevado a su aislamiento severo, intimidación, golpizas y amenazas de retirar beneficios.

Aunado al contexto de represión sistemática en el país, la Comisión considera que el presente asunto reúne a primera vista (prima facie) los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento.

Tras acusar a Ecuador de violar el derecho internacional durante el asalto a su embajada en Quito, México solicitó que se garantizara la protección de sus instalaciones diplomáticas y se suspendiera al país sudamericano de la ONU en tanto no ofreciera disculpas públicas y reparaciones. La decisión del tribunal se basa en las promesas de Ecuador de brindar la protección requerida por México.

La solicitud alegó que las personas beneficiarias están sufriendo episodios de violencia y amenazas por parte del crimen organizado y la policía, así como expulsiones de sus aldeas en el contexto de la falta de finalización de la demarcación y protección de su territorio. Informaron sobre violencia, asesinatos, agresiones e intimidaciones, como destrucción de bienes y uso de armas de fuego dentro de las comunidades Tapeba.

Si bien no corresponde, a través del mecanismo de medidas cautelares, analizar las actuaciones procesales que se enmarcan en el proceso penal en contra de las personas propuestas beneficiarias, o su compatibilidad con la Convención Americana, se advierte que estas se encontrarían bajo custodia del Estado y se le ha negado información oficial a los representantes legales y familiares.