Toda medida de fuerza que adopten los trabajadores debe ser pacífica, pues la legalidad del ejercicio de tales derechos está subordinada a que no exista violencia sobre las personas o las propiedades; siendo viable el despido de aquellos que implementaron conductas en violación a estos parámetros, debido a que los derechos que atribuye el ordenamiento jurídico no autorizan a los empleados a cometer arbitrariedades.