La prohibición solo se aplica al asesoramiento jurídico que no tiene relación con un procedimiento judicial. El asesoramiento jurídico prestado a personas físicas, en particular, queda fuera del ámbito de aplicación de la prohibición. Por lo que respecta a las excepciones a la prohibición, no suponen en sí mismas injerencia alguna en la protección del secreto profesional del abogado.
La decisión de emitir la proclamación no tiene las características de razonabilidad (justificación, transparencia e inteligibilidad) y no estaba justificada en relación con las limitaciones fácticas y jurídicas pertinentes que debían tomarse en consideración.
Si la restricción contribuye a ejercer presión contra el Presidente ruso y su gobierno, no se puede decir lo mismo de las restricciones adoptadas contra individuos rusos que se limitan a pilotar aviones privados.
Para luchar contra una pandemia como la de Covid-19, un Estado miembro puede prohibir los viajes no esenciales hacia o desde otros Estados miembros clasificados como «zonas rojas». También puede imponer a las personas que entren en su territorio la obligación de someterse a pruebas de detección y de guardar cuarentena.
En 2017, el Consejo de Europa dictó una serie de medidas restrictivas contra Venezuela, debido al deterioro de los derechos humanos en el país, y a la degradación en materia de democracia y Estado de derecho. En virtud de estas medidas se prohibió la venta de equipamiento militar y de orden público que pudiera ser utilizada por el régimen venezolano para reprimir a sus opositores.
Las medidas suponen innegablemente una restricción del ejercicio del derecho de propiedad del demandante y afectan negativamente a su vida privada y familiar, a su domicilio y a sus comunicaciones. Sin embargo, siempre se ha sostenido que en el Derecho de la UE esos derechos fundamentales no gozan de una protección absoluta, sino que deben considerarse en relación con su función en la sociedad.
El protocolo fue adoptado en base al momento epidemiológico que afecta al país, habida consideración de las recomendaciones entregadas por la OMS y la CIDH.
La medida se suma a la adoptada por el poder judicial de Misiones y Tucumán.
La Administración debe pagar los perjuicios ocasionados por la suspensión de los contratos en el período de emergencia sanitaria.
El pase de movilidad no será exigible para ingresar a reuniones políticas y la opción de presentar un examen negativo será derogada.
No es necesaria una medida restrictiva, si hay otras que no restringen las libertades de los ciudadanos y tienen el mismo o mejor efecto.
