Se debe subrayar el estrecho vínculo entre la protección del medio ambiente y la de la salud humana, que constituyen objetivos clave del Derecho de la Unión, garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Directiva contribuye a alcanzar estos objetivos y a salvaguardar el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para garantizar la salud y el bienestar.
Exige a las empresas y a sus socios en toda la cadena de suministro, desde el suministro hasta la distribución, que tomen medidas para evitar, mitigar o reducir su impacto negativo de las actividades empresariales sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
Prohíbe la extracción de turba en todo el territorio nacional, por tratarse de humedales reconocidos internacionalmente por actuar como reguladores de la química atmosférica, y ser considerados como una de las mayores fuentes y sumideros de carbono del planeta.
Las astreintes son sanciones económicas que tienen como finalidad la de hacer efectivas las decisiones judiciales frente a la renuencia injustificada de sus destinatarios, aunque de una forma particular: mediante una condena dineraria, aclara que basta con que exista una resolución judicial, cualquiera sea la forma que revista, que se encuentre firme y consentida, y que haya sido incumplida.
La ministra presidenta de esta judicatura especializada, Marcela Godoy Flores, explica que el Tribunal determino realizar la Cuenta Pública 2023 en la región Valparaíso por la relevancia que este territorio y sus habitantes revisten para la institución “buscando además reafirmar nuestro compromiso institucional en orden a resolver los conflictos ambientales que se presentan en esta zona”.
Busca revitalizar y restaurar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos de la región para el año 2030. Este nuevo marco legislativo establece objetivos claros para que todos los Estados miembros se comprometan a restaurar áreas degradadas y dañadas en toda la UE.
El principio de precaución obliga a las instituciones de la Unión a adoptar medidas adecuadas para prevenir determinados riesgos potenciales para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Para evaluar los riesgos es preciso disponer de una evaluación científica de los mismos y determinar el nivel de riesgo considerado inaceptable para la sociedad.
La normativa señala que se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados (de 5 años y un día a 20 años de cárcel) a quien incendie bosques, mieses (sembrados), pastos, montes, cierros (cercos), plantíos o formaciones xerofíticas contempladas en la ley sobre recuperación del bosque nativo (Ley Nº 20.283).
La detención del funcionamiento de dicho vertedero se hará efectiva por solicitud de la SMA.
Es una entidad cuyo objeto será la conservación de la biodiversidad del país. El Servicio será funcionalmente descentralizado, es decir, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero estará sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.
La instrucción establece la forma en que los regulados deberán entregar la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las metas de recolección y valorización.
