El senador Juan Castro Prieto presentó una moción para modificar la ley N° 21.100, permitiendo la entrega de bolsas plásticas biodegradables bajo regulaciones estrictas, con el objetivo de equilibrar la sostenibilidad y las necesidades de los consumidores.
La legislación incluye incentivos destinados a promover la industria de la energía eólica marina y la generación de empleo. Asimismo, asegura el derecho de las personas y comunidades afectadas a ser consultadas de manera previa e informada antes del inicio de cualquier proyecto de desarrollo en áreas marinas.
El Código del Medio Ambiente y el Código Rural establecen condiciones específicas para la detención, transporte e importación de especies no domésticas, incluidas las prohibiciones para garantizar su bienestar. En tercer lugar, la Ley N° 2021-1539 estipula que a partir del 2 de diciembre de 2026 estará prohibida la detención y reproducción en cautiverio de cetáceos, salvo en refugios reconocidos como santuarios.
Los recursos recaudados mediante este mecanismo se destinarán a financiar proyectos prioritarios para la adaptación climática, tales como, la modernización de infraestructuras críticas, sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética, programas relacionados con los efectos del cambio climático en la salud pública, y la restauración de ecosistemas naturales como humedales.
El Ministerio del Medio Ambiente presentó CIMA, una innovadora plataforma web que reúne los tratados y acuerdos internacionales en materia ambiental en los que Chile participa. Esta herramienta busca acercar a la ciudadanía a los compromisos globales, promoviendo la transparencia y el acceso a la información en línea con el Acuerdo de Escazú.
El decreto mexicano de 2023 había sido presentado con el propósito de proteger el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, así como de asegurar el acceso a una alimentación adecuada y de calidad. No obstante, Estados Unidos alegó que las medidas adoptadas no cumplen con los estándares científicos establecidos en el marco del T-MEC.
El derecho ambiental enfrenta el desafío que implica lograr el equilibrio entre la preservación de la naturaleza y la actividad productiva del hombre. Debiendo propenderse a continuar con esa actividad, pero con las restricciones que eviten poner en riesgo la naturaleza misma, condición previa para la realización de otros derechos humanos incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la salud y un nivel de vida adecuado.
La demanda detalla cómo los daños ambientales relacionados con el cambio climático, tales como la lluvia ácida, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar, han afectado al Estado. En este contexto, el fiscal argumenta que las empresas demandadas podrían haber previsto razonablemente estos daños, pero no adoptaron medidas para mitigarlos.
El expediente legislativo ha sido remitido nuevamente a la comisión competente del Parlamento Europeo, a fin de llevar a cabo negociaciones interinstitucionales. Para la entrada en vigor de estas modificaciones, será necesario el acuerdo del Consejo de la Unión Europea y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El decreto fija las metas de recolección y valorización para los aceites lubricantes, uno de los productos declarados como prioritarios en la legislación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor.
Además, las denuncias de los recurrentes están siendo conocidas por los organismos técnicos competentes pendientes de resolución, por lo que este arbitrio constitucional no es la vía adecuada para resolver tales cuestiones.
