La municipalidad tiene un plazo de 30 días para ejecutar la medida, a contar desde la notificación de la resolución del Tribunal. La auditoría deberá ser realizada por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental, debidamente registrada ante la Superintendencia del Medio Ambiente.

Los reclamantes alegan que el proyecto adolece de falta de información esencial, toda vez que durante el procedimiento de evaluación del proyecto se han producido omisiones e irregularidades en la definición del Área de Influencia para el Medio Humano y Pueblos Indígenas.

La presentación señala que, se han remitido varias denuncias a la SMA, sobre la realización de eventuales obras no autorizadas en el cauce del río.

El tribunal señala que, dado estado procesal de la causa, el demandante se encuentra exento de cumplir con carga procesal alguna.

El proyecto en cuestión se encuentra ubicado en el sector industrial de la comuna del mismo nombre, región de Antofagasta, donde se realizan labores de carga, descarga y transferencia de graneles líquidos y sólidos.

Al mismo tiempo, ordenó medidas cautelares al Ministerio del Medio Ambiente, con el objetivo de evaluar la pertinencia de actualizar el Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Quintero-Puchuncaví, así como la eventual inclusión de la comuna de Concón en dicho programa, y para que colabore en el proceso de actualización del Plan Regional Metropolitano de Valparaíso, que lleva a cabo el Minvu. Además, deberá entregar al Tribunal reportes semestrales de avance de estas medidas.

En razón de ello, además, se ordena oficiar a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), para que supervise la ejecución de la medida decretada.

la recurrente alega, en lo que interesa, que la sentencia recurrida incurre en una serie de vicios que tienen el grave efecto de desdibujar el régimen sancionatorio medioambiental, pudiendo sentar un grave precedente a futuro que dañe la institucionalidad.

En ella se plantea que parece razonable postergar la suscripción de un tratado que aún no entra en vigor.

El Tribunal de alzada estableció que los organismos recurridos omitieron su deber de fiscalizar a las empresas que estarían, desde 2015, construyendo 13 proyectos inmobiliarios registrados en la zona costera de Valdivia declarada saturada y de interés turístico.