Su ámbito de aplicación incluye una normativa armonizada para productos digitales y programas informáticos, exigiendo que estos se diseñen bajo principios de seguridad que abarcan todas las etapas de producción. Asimismo, se establece un marco integral que asegura el deber de cuidado continuo por parte de los responsables durante toda la vida útil del producto.
La representante Cathy McMorris Rodgers ha subrayado la importancia de proteger a los ciudadanos contra la explotación de sus datos por parte de grandes corporaciones tecnológicas. La ley propuesta busca poner fin a prácticas como el seguimiento y la manipulación de comportamientos sin el consentimiento claro de los usuarios.
La tramitación electrónica será la regla general una vez que entren en vigor la totalidad de las modificaciones introducidas a la ley N° 19.880 por la ley N° 21.180, de Transformación Digital del Estado, que regula la forma en que los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de medios electrónicos.
