Para configurar una infracción al deber de inocuidad de los alimentos, no necesariamente debe probarse la afectación particular por la ingesta de un alimento, sino que deberá determinarse el rasgo de nocividad que éste posee ante un potencial consumo por parte de un administrado.

No está específicamente prohibido que un tribunal base una decisión en un testimonio incriminatorio ofrecido por un cómplice. Sin embargo, dado que esto puede afectar la equidad del juicio, se debe evaluar la equidad del procedimiento penal en su conjunto.

Las grabaciones fueron solicitadas de la forma en que exigió la demandada y, sin embargo, dijo haberlas borrado, tal actitud impide llegar a otro convencimiento que el que ha llegado el a quo. En consecuencia, ha de serle imputada a la demandada la falta de aportación de una prueba de la que disponía para acreditar que no había acaecido la caída como decía la demandante.

Los jueces tomaron pruebas directamente de los coacusados y de un testigo particularmente importante. Además, el uso por parte de los tribunales de una grabación de otros testimonios de testigos para adoptar sus decisiones era compatible con los requisitos del derecho de la solicitante a un justo juicio y no comprometió la esencia de dicho derecho.

Ni el hecho de que los solicitantes residieran fuera de Francia ni el hecho de que no hubieran elegido libremente someterse a la jurisdicción del Estado demandado son suficientes para eximirlos de su deber de agotar los recursos internos disponibles en ese Estado. Respecto a si los demandantes disponían en Francia de un recurso que satisficiera los requisitos del artículo 35 de la Convención, la respuesta es sí.

Si se recibió una orden para obtener esa información, que desconocemos de quien partiría o en relación a qué asunto, no constando nada sobre esta potencial versión en la sede policial según informa el comisario jefe no podemos asumir en modo alguno el alegato exculpatorio. El hecho de mantener una relación, evidentemente mala, y un choque manifiestamente grave con el demandante, no invalida las pruebas objetivas ni impide el ejercicio de la denuncia.

Aunque se reconocían las violaciones a la Carta, la policía actuó con una base razonable para sospechar del acusado, dada su vinculación con pandillas y el contexto de su detención en una zona de alta criminalidad. Se concluyó que la gravedad de las violaciones no justificaba la exclusión de la prueba.

No es prueba ilícita la grabación de un interlocutor de la conversación en que interviene –la ilicitud, desde la garantía del secreto de las comunicaciones, proviene de un tercero no involucrado en ella–. Existe línea jurisprudencial respecto a la necesidad de acreditar el pacto colusorio, que se expresa a través de la cadena de indicios.

La acción declarada probada, es típica e integra de forma adecuada la calificación de conspiración por cuanto, es por todos sabido, que la colocación de los trozos de plástico en las puertas de las viviendas en periodos vacacionales, tiene por objeto la vigilancia de las mismas, a fin de poder determinar si las mismas están habitadas, con evidente finalidad de enriquecimiento ilícito.

Si la defensa tenía alguna sospecha sobre posibles falsificaciones debería haber solicitado a los correspondientes medios de comunicación copias de las imágenes originales y cotejarlas con las que obran en autos. No existe pues vulneración de la cadena de custodia, y la prueba ha sido debidamente valorada.