Aunque se reconocían las violaciones a la Carta, la policía actuó con una base razonable para sospechar del acusado, dada su vinculación con pandillas y el contexto de su detención en una zona de alta criminalidad. Se concluyó que la gravedad de las violaciones no justificaba la exclusión de la prueba.

No es prueba ilícita la grabación de un interlocutor de la conversación en que interviene –la ilicitud, desde la garantía del secreto de las comunicaciones, proviene de un tercero no involucrado en ella–. Existe línea jurisprudencial respecto a la necesidad de acreditar el pacto colusorio, que se expresa a través de la cadena de indicios.

La acción declarada probada, es típica e integra de forma adecuada la calificación de conspiración por cuanto, es por todos sabido, que la colocación de los trozos de plástico en las puertas de las viviendas en periodos vacacionales, tiene por objeto la vigilancia de las mismas, a fin de poder determinar si las mismas están habitadas, con evidente finalidad de enriquecimiento ilícito.

Si la defensa tenía alguna sospecha sobre posibles falsificaciones debería haber solicitado a los correspondientes medios de comunicación copias de las imágenes originales y cotejarlas con las que obran en autos. No existe pues vulneración de la cadena de custodia, y la prueba ha sido debidamente valorada.

El apelante presenció la extracción de muestras, suscribió y recibió un juego de sobres, es decir participó de todo el procedimiento para la extracción de muestras, por lo que en esta instancia no puede desconocer planteando su mera disconformidad.

Los fiscales objetaron esta acción argumentando la ausencia de precedentes legales establecidos para la admisión de pruebas basadas en IA en los tribunales. Esta falta de jurisprudencia consolidada generó incertidumbre respecto a la admisibilidad de tales pruebas en el contexto judicial.

No hay razón para aceptar la tesis defensiva de la atipicidad material del hecho porque no existía riesgo para la integridad física de la víctima. En este caso, la materialidad quedó demostrada por el informe policial y la prueba oral recabada bajo el escrutinio del sistema acusatorio, incluida la confesión judicial del acusado.

Es una exigencia democrática considerar a una sentencia como un instrumento lingüístico que tiene el propósito de comunicar las razones de la decisión; en ese orden, se trata de motivar para comunicar, no de “motivar por motivar”. Para este propósito la redacción de la sentencia debe ser breve, simple y sencilla considerando que sus destinatarios también son personas no necesariamente conocedoras del derecho.

El actor no ha logrado demostrar el perjuicio cierto, actual e inminente que le acarrean las publicaciones subidas a la red social. Pues, sus dichos en torno a los padecimientos emocionales y económicos no tienen sustento en prueba alguna. En ese sentido, no cumplió con la carga de probar los presupuestos de hecho que invocó.

Esta prueba aporta muy poco, porque no sabemos si el perro que allí se ve estaba también allí en 2015 y, en definitiva, tampoco podemos saber, con el grado de evidencia necesario, que ese perro hubiera sido el que mordió al niño, frente a lo que ya señalamos en cuanto a la evaluación de los datos recabados vía testimonial, informativa y confesional.