En la audiencia de formalización, el magistrado ordenó el ingreso en prisión en la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, de Acuña Bravo, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.
El tribunal dio por acreditado, que aproximadamente a las 21 horas del 22 de noviembre de 2019, en la comuna de La Serena, funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales, con ocasión de manifestaciones sociales que se verificaban a esa hora, junto con otros tres funcionarios no identificados, detuvieron a la víctima, un menor de 13 años de edad, a quien agredieron con golpes de luma en el rostro y cuerpo y, luego, trasladaron en calidad de detenido a la Primera Comisaría de la comuna.
Los detalles que rodean estos casos son tan escasos que no podemos inferir que en ellos se usara fuerza excesiva. En el fondo, las alegaciones de la demandante sobre dos incidentes aislados no prueban de manera plausible que la autoridad tuviera una práctica generalizada de usar fuerza excesiva para castigar a los estudiantes con discapacidad.
La mediación pone en funcionamiento los principios de oportunidad, mínima intervención y proporcionalidad y constituye una vía para abordar la problemática del menor en conflicto con la ley penal, desde una perspectiva de inclusión y reintegración social, sin olvidar a la sociedad. Se concreta también el fin primordial del derecho penal juvenil, es decir, responsabilizar a los menores por sus acciones, pero de un modo diferenciado al de los adultos y al de los adolescentes punibles.
La participación de los niños en situación de discapacidad auditiva y estudiantes del aula multigrado en las actividades extracurriculares que se adelanten en las instituciones educativas es esencial para la garantía del derecho a la educación, desde sus componentes de accesibilidad y adaptabilidad.
La menor fue llevada por su padre a la toma de muestra bajo el pretexto de que le estaban practicando un examen PCR para descartar que tuviera COVID-19, vulnerando con ello la igualdad ante la ley y el derecho a la honra de la niña.
De esta forma, se tutela el derecho a una salud y vida digna que le asiste al infante.
La menor estuvo expuesta tempranamente a una situación traumática que impactó en su desarrollo social, anímico y psicológico.
El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, tras establecer que el juez recurrido actuó dentro de sus atribuciones, en forma ajustada a derecho y actuando por resolución adecuadamente fundada en el interés superior del niño.
