La norma traslada al demandado la carga de desvirtuar la prueba privilegiada que resulta del título ejecutivo y favorece al Municipio al alterar su natural carga de probar la existencia de las obligaciones que reclama. La facultad legal del ejecutado de oponer excepciones en el proceso ejecutivo no purga los efectos contrarios a la Constitución que produce el precepto legal reprochado de cara a las exigencias de un procedimiento racional y justo.
El requirente alega que prohibir oponer excepciones de carácter personal al tercero adquirente del título de crédito produce efectos inconstitucionales.
El requirente alega que no puede oponerse a un cobro injusto en virtud de los preceptos cuestionados, vulnerándose sus derechos a un debido proceso y propiedad.
El requirente alega que no se le permite controvertir un documento que carece de veracidad, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.
