El artículo analiza sentencias y decisiones claves de poderes judiciales y legislativos que marcaron el año 2024 en América Latina. Examina su impacto en el marco constitucional, el Estado de derecho y la democracia en diversos países de la región como Ecuador, Nicaragua, Uruguay, México y Colombia.
En 2024, la Relatoría Especial ha registrado con preocupación el asesinato de al menos siete profesionales de la comunicación, incluyendo a los periodistas Enrique Hernández Avilez, Roberto Figueroa, Víctor Morales, Alejandro Martínez Noguez, Mauricio Cruz Solís y Patricia Ramírez González, así como el locutor de radio Martín Antonio Olivier Rodríguez.
Las expresiones del relator de la CIDH se dan en medio de reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“En el acto de votación, la gente manifiesta su propósito de dejar claro que no está de acuerdo con el método. Porque no conocen a los candidatos ni creen que sea la mejor forma de conformar a los tribunales”, explica Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de Bolivia (2005-2006) y presidente de la Corte Suprema de Justicia del país (2004-2005).
Los opositores a las reformas han expresado preocupación sobre una posible afectación a la independencia judicial. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha emitido observaciones similares, señalando que la elección de funcionarios judiciales mediante el voto popular podría permitir al partido gobernante ejercer una influencia indebida.
El artículo aborda cinco grandes errores de la propuesta de reforma judicial en México. Critica la elección popular de jueces, la malinterpretación de resultados electorales, la falta de atención a expertos, el intento de captura del poder judicial, y la figura de jueces sin rostro. Propone un diálogo genuino para una reforma verdadera.
La propuesta de reforma constitucional a la justicia en México representa una regresión en materia de derechos humanos al incorporar figuras como la de jueces sin rostro que ya han sido cuestionadas por organismos como la Corte Interamericana.
La reforma por las razones constitucionales, convencionales y políticas que hemos resumido, termina facilitando que los partidos/organizaciones políticas (sobre todo el oficialista que tiene el control del aparato estatal y del erario público) capturen al Poder Judicial violando el principio de independencia judicial, separación, equilibrio y control de poderes, y defensa de los derechos humanos.
La International Bar Association manifiesta su gran preocupación por la celeridad con la que México impulsa una reforma del poder judicial de largo alcance
La CIDH condena la violencia perpetrada contra personas LGBTI y las muertes violentas de personas trans y de género diverso. La información en medios de comunicación indica que, desde el mes de enero, se han registrado 36 asesinatos de mujeres trans. Solo en los meses de junio y julio han ocurrido al menos 8 asesinatos en diferentes estados de México.
Las propuestas socavarían la independencia judicial y podrían facilitar abusos.
