La situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, al guardar relación con labores de defensa de derechos humanos y la persecución de los agresores, a la luz de las denuncias presentadas, de tal forma que resulta necesario reforzar de manera inmediata medidas para salvaguardar los derechos de las afectadas.

El Estado ha dado cumplimiento total al pago de las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de “daño moral, daño inmaterial y lucro cesante”, así como al reintegro de gastos a favor de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las normas mexicanas contienen cláusulas, que, per se, resultan contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. El derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Reformará México su Constitución?

¿Las relaciones no monogámicas generan efectos negativos que afectan los derechos humanos de las mujeres y la niñez?

México es uno de los países que más mecanismos de democracia directa han introducido en su legislación en los últimos 20 años.

En virtud de la decisión, que fue dictada por unanimidad, se le declaró culpable de 5 delitos por cooperar con Carteles de la droga mientras se desempeñaba en el cargo.

Además de la indefinición de la situación de la niña, ella se encontraría alejada de su madre biológica, sin que esta tenga conocimiento del lugar exacto en el que se encontraría, y ya habrían trascurrido 3 años sin un relacionamiento efectivo con la niña en un proceso judicial que aún no tiene sentencia. Por otro lado, tampoco existe información que permita indicar que la situación en la que actualmente se encuentra la niña derivaría como resultado de su interés superior.

Al garantizar la participación de las personas con discapacidad en lo individual o colectivo –a través de organizaciones de personas con discapacidad–, este grupo puede determinar y señalar de mejor manera las medidas susceptibles de promover u obstaculizar sus derechos, lo que redunda en mejores resultados para esos procesos decisorios.

La extradición fue rechazada al no cumplir el delito de enriquecimiento ilícito con el requisito de gravedad mínima, en virtud del cual el delito debe ser sancionado por ambos Estados con al menos un año de privación de libertad.