La demanda aduce que dicha orden ejecutiva contraviene la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual dispone que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
De esta manera nuestra democracia resultaría fortalecida, toda vez que las personas habilitadas para sufragar en Chile, lo harán con un verdadero sentido de pertenencia con nuestro país, con arraigo y deseo de permanecer y desarrollar una vida acá.
No existe duda que, dada la concesión del beneficio, el actor cumplía con los requisitos para acceder al visado solicitado, y por ello pudo descargar el estampado electrónico en comento, por lo que impedir su ingreso priva, perturba o amenaza su derecho a la libertad personal y seguridad individual.
El tratamiento de las personas en situación de migración no es un asunto baladí para nuestra magistratura, que ha razonado en diversos criterios para revocar expulsiones de personas que se han visto afectadas por erradas interpretaciones administrativas de la ley migratoria.
Chile es uno de los 5 países del mundo que otorga el derecho a sufragio en elecciones nacionales a personas extranjeras. Esto fue introducido en la Constitución de 1980, que lo amplió a votaciones de carácter nacional. Cabe recordar que al CENSO de 1982 la población migrante era solo el 0,7%, mientras que el 2022 llegó a un 7,5%.
Lo anterior, ya que se debe considerar la historia de vida del ciudadano haitiano, esto es, encontrarse inserto laboralmente en Chile, no tener antecedentes penales, contar con los medios económicos suficientes para subsistir y no haber tenido reproche alguno durante los 8 años que lleva en el país.
La falta de servicio como factor de atribución de la responsabilidad estatal por su actuación ilegítima se genera por el funcionamiento anormal, defectuoso o incorrecto de la Administración Pública y puede plasmarse tanto en comportamientos activos como así también ante la omisión o inactividad de los agentes estatales.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el libre tránsito de personas y la protección de las familias y el derecho de estas a reagruparse, desde que exigir como requisito que se acredite tener vínculos familiares que tengan residencia definitiva, resulta imposible de cumplir, en cuanto el Servicio Nacional de Migraciones incumple con lo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.980 al tardar más de 6 meses en resolver la solicitud de residencia definitiva del familiar de la ciudadana extranjera.
Existen más de 13.000 recursos de protección y amparo presentados entre el año 2021 y 2022 en contra del Servicio, donde más del 80% corresponden a denuncias por el tiempo de tramitación de solicitudes de permisos de residencia, por lo que se le da prioridad a los que escogieron esa vía en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad, informa el recurrido.
La moción busca enmendar la Ley Nº 21.325, sobre migración y extranjería, para ampliar las instituciones universitarias que podrán reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero a las universidades reconocidas por el Estado, y que fija un plazo de seis meses para dictar el reglamento. En caso contrario, las universidades reconocidas por el Estado con un mínimo de cinco años de acreditación podrán hacerlo.
El abandono físico del bien debe encontrarse acreditado de manera fehaciente e indubitable y no sobre la base de una “presunción”. Tal conforme razona equivocadamente el a quo, por cuanto el hecho que la accionante haya efectuado un “gran movimiento migratorio” no puede servir como sustento objetivo para razonar que ha existido un alejamiento de la recurrente en relación al predio, tanto más cuando el alejamiento físico del bien no genera per se una pérdida de la posesión.
