La falta de servicio como factor de atribución de la responsabilidad estatal por su actuación ilegítima se genera por el funcionamiento anormal, defectuoso o incorrecto de la Administración Pública y puede plasmarse tanto en comportamientos activos como así también ante la omisión o inactividad de los agentes estatales.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el libre tránsito de personas y la protección de las familias y el derecho de estas a reagruparse, desde que exigir como requisito que se acredite tener vínculos familiares que tengan residencia definitiva, resulta imposible de cumplir, en cuanto el Servicio Nacional de Migraciones incumple con lo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.980 al tardar más de 6 meses en resolver la solicitud de residencia definitiva del familiar de la ciudadana extranjera.

Existen más de 13.000 recursos de protección y amparo presentados entre el año 2021 y 2022 en contra del Servicio, donde más del 80% corresponden a denuncias por el tiempo de tramitación de solicitudes de permisos de residencia, por lo que se le da prioridad a los que escogieron esa vía en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad, informa el recurrido.

La moción busca enmendar la Ley Nº 21.325, sobre migración y extranjería, para ampliar las instituciones universitarias que podrán reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero a las universidades reconocidas por el Estado, y que fija un plazo de seis meses para dictar el reglamento. En caso contrario, las universidades reconocidas por el Estado con un mínimo de cinco años de acreditación podrán hacerlo.

El abandono físico del bien debe encontrarse acreditado de manera fehaciente e indubitable y no sobre la base de una “presunción”. Tal conforme razona equivocadamente el a quo, por cuanto el hecho que la accionante haya efectuado un “gran movimiento migratorio” no puede servir como sustento objetivo para razonar que ha existido un alejamiento de la recurrente en relación al predio, tanto más cuando el alejamiento físico del bien no genera per se una pérdida de la posesión.

Este registro permitirá a los consumidores acceder a información sobre cerrajeros inscritos y asegurarse de que cumplan con los requisitos legales. Además, se promueve la transparencia en la industria y se abordan temas relacionados con la situación migratoria de quienes ejercen este oficio.

Prescriben la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan purgado una pena por los delitos de homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro y trata de personas, entre otros, estableciendo para ello modificaciones al Código Penal. También amplía el control de identidad de los detenidos de 4 a 12 horas.

Se trata de una persona que goza de situación migratoria regular en el país y mantenía el certificado de residencia definitiva en trámite.

No parece razonable exigirle al Estado que deje sin efecto el acto administrativo con ocasión de la protección a la familia, si fue el propio amparado el que la desatendió y no procuró resguardar.

La Sala respaldó en general y particular el proyecto que busca “asegurar que aquellos que soliciten la condición de refugiado cumplan con los criterios y fundamentos legales”.