La iniciativa radicada en la Comisión de Gobierno Interior contempla facilitar el inicio del procedimiento administrativo de expulsión de extranjeros, estableciendo la posibilidad de utilizar carta certificada o correo electrónico para notificar al afectado.

La acción de protección no es de carácter popular y tampoco se mencionan hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales previstas en el artículo 20 de la Constitución.

Durante el debate se hizo presente la “grave crisis migratoria” que enfrenta el país, principalmente en la zona norte. En la oportunidad se respaldó el mensaje que incorpora en la primera notificación requerida para el inicio del proceso administrativo de expulsión, notificaciones por carta y por correo electrónico.

El mensaje –aprobado por la Comisión de Gobierno- incorpora en la primera notificación requerida para el inicio del proceso administrativo de expulsión, la notificación por carta y la notificación por correo electrónico.

Con sugerencias del Ejecutivo, la Comisión de Gobierno Interior aprobó la iniciativa que modifica la Ley de migración y extranjería. Entre las normas, se define el procedimiento a seguir en el caso de que un extranjero no pueda acreditar en el momento su situación migratoria regular.

La dispensa por razones de reunificación familiar no constituye sino una facultad discrecional de la autoridad de carácter excepcional y restrictivo lo cual presupone necesariamente la existencia de una solicitud concreta por parte del interesado ante la autoridad migratoria y su correspondiente fundamentación.

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad faculta al Departamento de Seguridad Nacional a devolver a extranjeros al estado de México, no significa que sea un deber, más aún si esa decisión es completamente discrecional.

La Ley N°21.325 establece que cualquier cambio en las categorías migratorias originado por ella, no afectará los derechos adquiridos por los ciudadanos extranjeros residentes en el país.

La autoridad migratoria no puede establecer una exigencia uniforme para todos los solicitantes, debe considerar las condiciones personales que concurren en cada solicitante.

La decisión de tener por desistida la solicitud del recurrente sin otorgarle un plazo prudente para completar la formalidad constituye un acto desprovisto de razonabilidad.