Lo anterior se agrava, porque actualmente se carece de autoridades diplomáticas competentes de ese país con presencia en Chile para realizar trámites como el exigido.
La adolescente es carga de sus progenitores, por lo que la ejecución de la resolución ocasionaría un daño que perturbaría la unidad familiar, afectando lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protección así como propender a su fortalecimiento.
El retardo constituye una vulneración del deber de celeridad que deben observar los órganos de la Administración del Estado y una infracción al plazo previsto en el artículo 27 de la ley 19.880.
Si bien varios tratados interamericanos indican que la solidaridad es un principio fundacional de la OEA y es fundamental para abordar las inequidades y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, el Sistema Interamericano tiene aún como tarea pendiente convertir ese principio en un llamado a la acción efectivo.
Las circunstancias político-sociales de Haití son de público y notorio conocimiento, lo que permite a la autoridad judicial adoptar medidas extraordinarias, idóneas y proporcionales para resguardar el principio de reunificación familiar, dado que, de mantenerse la situación, importaría que el grupo familiar debería plantear nuevamente una solicitud similar, con la subsecuente demora de tramitación.
¿Tipificar el ingreso clandestino de migrantes a Chile es una vía para mejorar la seguridad ciudadana?
La expulsada tiene un hijo que cursa tercero básico en una escuela de la comuna de San Rafael y que vería vulnerado su derecho a mantenerse en una familia unida por la expulsión de su madre.
La demora en resolver cobra mayor relevancia, por cuanto incluye a un niño de 8 años, afectándole la incertidumbre respecto de su condición migratoria y lugar de permanencia, situación que sin duda se opone a su interés superior.
Los documentos acompañados acreditan que desde su ingreso al país la amparada trabaja como médica, reside en forma regular en un departamento de su propiedad, cuenta con cotizaciones previsionales, paga impuestos, ha formado una empresa que da trabajo a otras personas, tiene arraigo familiar y su intención siempre ha sido trabajar, reunirse con su familia, y ser un aporte para esta sociedad.
No corresponde que la autoridad niegue la entrega del formulario para solicitar la condición de refugiado ni que lo derive a la realización de otro procedimiento ante una autoridad diferente, por lo que su conducta no solo es ilegal sino también arbitraria, pues carece de razones y fundamentos.
Lo que se reprocha en el recurso es la falta oportuna de la decisión definitiva, en virtud de lo cual es procedente que la autoridad encargada adopte una decisión terminal a la brevedad, aun cuando la visa temporaria permite efectuar una serie de trámites en situación regular.
