Amplía las hipótesis de control preventivo de identidad y otorga nuevas herramientas en la identificación de personas migrantes en calidad de irregular o con permisos de residencia vencidos.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia que acogió el recurso de protección y, tras analizar una serie de situaciones similares que han llegado al máximo tribunal, dispuso que el servicio  deberá regular, vía instructivo o protocolo, la aplicación de los preceptos involucrados en la materia.

Al no adoptar las medidas para iniciar de inmediato el procedimiento para dar trámite a la solicitud, con la celeridad que el caso amerita, el Servicio infringe el deber impuesto por la normativa sobre protección de refugiados.

Los senadores requirentes estiman que la incorporación por parte del Presidente de trabas para dicha solicitud va en contra de los fines de la misma ley, contraviniendo su potestad reglamentaria y diversas garantías constitucionales.

La autoridad administrativa, una vez que se publique la ley, quedará emplazada para poner en pronta marcha el nuevo sistema migratorio.

Asimismo, se abordaron limitantes para acceder a beneficios de libertad condicional para agresores sexuales; normas para un buen funcionamiento del mercado financiero; condiciones para el retorno a clases; y una regulación para proteger a las trabajadoras de casa particular en el contexto de las cuarentenas. Además, discutió la situación de las universidades en la pandemia.