Se incumple por la Administración la obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo.

No existe ninguna conducta ilegal por parte de la autoridad migratoria, quien actuó dentro de sus competencias, refiere el voto en contra.

La aprobación de la ordenanza se da en respuesta a las recientes declaraciones del presidente electo Donald Trump, quien ha anunciado planes para endurecer la política migratoria mediante deportaciones masivas y restricciones adicionales en la frontera.

Aun cuando no se hayan incorporado elementos de arraigo al momento de formular los descargos, ellos sí se han incorporado a esta acción constitucional, por lo que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N°21.325 y al principio de protección de la familia, se estima prudente acoger la acción.

El interesado debe disfrutar de la protección garantizada por la Convención de Ginebra que prohíbe, en concreto que, por expulsión o devolución, se ponga a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligren, entre otros motivos, debido a su religión.

La conducta del Servicio no solo es ilegal, por no encontrar reconocimiento normativo, sino también arbitraria, pues carece de razones y fundamentos.

El actor, desde el 2012 posee residencia definitiva en Chile, durante el verano de 2019 estuvo tres semanas en Perú, lugar en que perdió su cédula de identidad chilena, y al volver al país solicitó un nuevo documento. Sin embargo, la autoridad recurrida revocó tácitamente su residencia, argumentando que ha permanecido fuera del territorio por tres años, circunstancia anómala que no pudo ser acreditada por la recurrida.

Desde la perspectiva de la autoridad migratoria, aquélla se encuentra obligada a exigir esta condición a los extranjeros que no registren ingreso regular al territorio nacional.

La Ley N°21.325 sobre la mantención de vigencia de las cédulas mientras se tramita la residencia definitiva, prima por sobre la Ley N°18.290 que contiene los requisitos para obtener la licencia de conductor, en aplicación de criterios de especialidad y temporalidad de la ley.

De manera excepcional se puede inaplicar el requisito de apostilla para convalidar un título obtenido en el exterior, cuando se constate que su exigencia, en el caso concreto, resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada.