La certificación aportada de insuficiencia de demandantes de empleo para cubrir el puesto de trabajo es claramente suficiente para justificar la inexistencia de candidatos idóneos para la cobertura del puesto ofertado a los efectos de la normativa aplicable, no sólo porque se han seguido todos los pasos que se recogen en la norma, sino también porque ha quedado perfectamente acreditada la inidoneidad de los candidatos que han acudido.

El documento subraya que los trabajadores extranjeros, cuyo estatus migratorio está condicionado a su relación laboral con un empleador específico, enfrentan dificultades para ejercer sus derechos laborales debido a la dependencia económica y legal con su empleador. En caso de terminación de su contrato, los trabajadores estarían sujetos a una posible deportación.

“Esta guía busca entregar algunas recomendaciones en materia de la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes, de manera de poder informar adecuadamente a este grupo vulnerable. La información que contiene esta guía incorpora las visiones de un grupo de niños, niñas y adolescentes que vivieron este proceso y tras una serie de talleres, expusieron su visión en esta cartilla”, dijo la magistrada María Olga Troncoso.

La Directiva relativa a la entrada y residencia en la Unión Europea de nacionales de países terceros con fines, en particular, de estudios, no se opone a que un Estado miembro deniegue una solicitud de admisión en su territorio con fines de estudio cuando el nacional de un país tercero ha presentado esa solicitud sin tener la intención real de estudiar en él, pese a que dicho Estado miembro no haya transpuesto la disposición de la Directiva que permite tal denegación.

La normativa establece un requisito de residencia legal e ininterrumpida de cinco años en el territorio de un Estado miembro para que un nacional de un tercer país pueda obtener el estatuto de residente de larga duración. El legislador de la Unión estimó que tal período es suficiente para tener derecho a la igualdad de trato con los nacionales de dicho Estado miembro, en particular, en lo que concierne a las medidas de seguridad social, asistencia social y protección social.

Investigación reveló que un gran porcentaje de la población extranjera menor a 14 años, no está matriculada en el sistema escolar, y que la falta de viviendas adecuadas y el acceso a la salud son problemas persistentes.

Criticaron las iniciativas de los Estados miembros de la UE para trasladar los procedimientos de asilo y la protección de refugiados a terceros países. Según la declaración, estas medidas de externalización permiten a estos Estados eludir sus responsabilidades en materia de asilo.

El pleno de ministros afirma que el proyecto de ley tiene por objeto fortalecer las capacidades del Estado en la gestión y control de las fronteras, restaurar el orden en materia de migración en el país, así como combatir las redes de tráfico y trata de personas.

Al proceder de este modo, dicho Estado miembro, vulnerando el principio de cooperación leal, evita deliberadamente aplicar la política común de la Unión en materia de protección internacional en su conjunto, así como las normas sobre la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular. Este comportamiento constituye una amenaza importante para la unidad del Derecho de la Unión.

Cuestionan la medida aduciendo que la prohibición de asilo infringe el derecho fundamental a buscar protección, reconocido tanto por la legislación nacional como internacional. Los críticos sostienen que la política aumentará la vulnerabilidad de los migrantes y añadirá presión al sistema de asilo de México.