En función de las circunstancias imperantes en su país de origen, puede considerarse que las mujeres que comparten como característica común su identificación con el valor fundamental de la igualdad entre mujeres y hombres, surgida durante su estancia en un Estado miembro, pertenecen a un «determinado grupo social», como «motivo de persecución» que puede dar lugar a su reconocimiento como refugiadas.

La medida se fundamenta en la autoridad presidencial conferida por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. (8 USC 1182 (f) y 1185 (a)), destinada a «facilitar a los funcionarios de inmigración la expulsión rápida de personas que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos».

Ha existido una proliferación de recursos presentados, precisamente, por la omisión ilegal y arbitraria de Policía de Investigaciones de registrar adecuadamente los egresos e ingresos de extranjeros en Chile, o, por otro lado, errores en la comunicación con el Servicio Nacional de Migraciones, lo cual ha derivado en archivos y rechazos ilegales y arbitrarios respecto de solicitudes de residencia que sí cumplían con los requisitos para poder ser otorgados o, a lo menos, continuar su tramitación, debiendo resolverse con antecedentes fidedignos y reales según sea el caso.

Los Estados miembros tendrán ahora dos años para poner en práctica la normativa adoptada. La Comisión Europea pronto presentará un plan de implementación común para brindar asistencia a los estados miembros en este proceso.

Si el legislador puede tomar disposiciones específicas respecto de los extranjeros, le corresponde respetar las libertades y derechos fundamentales de valor constitucional reconocidos a todos los que residen en el territorio de la República. Sin embargo, deben conciliarse con la protección del orden público, que constituye un objetivo de valor constitucional.

Al adoptar este informe, el Parlamento responde a las expectativas de los ciudadanos de reforzar el papel de la UE a la hora de hacer frente a todas las formas de migración irregular y reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea, respetando al mismo tiempo los derechos humanos.

Ante la proliferación de recursos de protección por hechos similares, la Corte ordenó al Servicio dictar las resoluciones que correspondan para adecuar la actuación de sus empleados a la correcta aplicación de las normas en la materia.

No se tienen antecedentes ni se ha justificado por la autoridad administrativa que, desde la conducta sancionada en su país de origen, la amparada haya incurrido en el mismo u otro ilícito que permita descartar que aquel por el que fue condenada no haya correspondido a un hecho aislado.

Es responsabilidad del solicitante presentar en tiempo y forma los antecedentes requeridos, dentro del procedimiento establecido al efecto y cumplir los requisitos legales para permanecer en el país. No puede emplearse la acción de amparo como un mecanismo de tramitación administrativa y agregación de antecedentes que debieron ser puestos a disposición de la autoridad recurrida en su oportunidad, señala el voto en contra.

Sostuvo que la Constitución de los Estados Unidos y la jurisprudencia previa de la Corte Suprema otorgan al gobierno federal la autoridad exclusiva para regular la inmigración. Adujo que el aumento del flujo migratorio no constituye una invasión y que permitir que los estados sustituyan la ley federal sería antitético y contrario a los principios constitucionales.