La requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, desde que la obliga agotar la vía administrativa ante el CPLT, para luego quedar restringida de reclamar ante el tribunal que designa la misma ley.
Habiendo concedido anteriormente la certificación de estudios, el actuar del Ministerio daña la confianza legítima el cual descansa en la certidumbre de que la autoridad, actúa conforme a derecho y que no yerra.
No obstante, la existencia de un nuevo sistema de admisión escolar que contempla una plataforma centralizada para la asignación de cupos en los establecimientos que reciben subvención del Estado y que se lleva a efecto en épocas predeterminadas, lo cierto es que aquel mecanismo prioriza a los alumnos que deseen mantenerse en el colegio en que ya desarrollan su educación regular.
Egresadas de la Universidad Arcis reclaman que desde el año 2014 no se les permite rendir el examen al no ser incluidas en el convenio celebrado con ocasión del cierre de esa casa de estudios.
Egresada de Derecho de la UNICIT sostuvo que se le computó una fecha de egreso diferente a la reconocida oficialmente por los recurridos, infringiendo con ello la igualdad ante la ley.
Al gozar los actos administrativos de presunción de legalidad, es necesario desvirtuarlos en un procedimiento de impugnación propiamente tal o en un procedimiento contencioso administrativo u otro según la naturaleza que le asiste.
Existen recursos pendientes y la recurrida carece de facultades para solicitar la fuerza pública.
El actor no cuenta con un título técnico de nivel superior o profesional que autorice excluirlo como beneficiario.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministro María Eugenia Sandoval, quien fue de parecer de revocar el fallo en alzada que acogió el recurso de protección.
