El Convenio 176 de la OIT es un tratado internacional fundamental para el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores del rubro minero, especialmente en relación con el derecho a consulta y participación en las medidas de seguridad y salud. El instrumento entrega definiciones relevantes sobre los conceptos de “mina” y “empleador”, abarcando en este último ítem a contratistas principales, contratistas y subcontratistas
La Comisión Especial Mixta de Presupuestos, retomará el análisis del erario, este jueves 9 de noviembre, a partir de las 9:30 horas.
La fórmula principal es el pago de un impuesto ad valorem (sobre el valor). Corresponderá a una tasa de un 1%, sobre las ventas anuales de cobre de los explotadores mineros cuyas ventas anuales sean superiores al equivalente de 50 mil toneladas métricas de cobre fino. Además, habrá un componente sobre el llamado margen minero. Esa tasa varía entre un 8% y un 26%, según las ganancias.
La jurisprudencia establece que el nexo causal entre las condiciones de trabajo de trabajo y la neumoconiosis es implícito para quienes han realizado actividades mineras en minas subterráneas o de tajo abierto, siempre y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en la norma, ya que son enfermedades irreversibles y degenerativas.
La Magistratura desestimó la cuestión de constitucionalidad promovida por el Diputado Mathenson. Los Ministros Letelier y Vásquez estuvieron por declarar inconstitucional la totalidad del proyecto, con excepción de dos artículos
El Gobierno presentó lo que a su juicio debe ser la Estrategia Nacional del Litio, que busca fomentar el desarrollo de esa industria, aportar a la diversificación productiva y potenciar el desarrollo regional del país, por lo que en esta minuta se explican los principales anuncios y se observan las medidas que tendrán que irse implementando para su desarrollo.
Tal es el verdadero sentido y alcance del artículo 70 del Código de Minería, en relación con el artículo 2 de la Ley Nº19.573 sobre el plazo.
El solicitante trabajó más de 30 años como minero y presenta una enfermedad respiratoria no identificada.
La concesión de una medida cautelar en las acciones directas depende de la presencia de dos supuestos materiales, a saber, la plausibilidad jurídica de las pretensiones del actor (fumus boni iuris) y la posibilidad de daño resultante de la demora en la decisión postulada (periculum in mora).
La empresa se expone a clausura y a multas de más de $26.200 millones de pesos.
El máximo Tribunal desestimó el recurso impetrado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual no emite pronunciamiento sustancial relacionado con la materia de derecho que el recurrente pretende unificar.
