La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado aprobó y remitió a la Sala una moción que busca actualizar el decreto ley N° 2.695 para permitir que más personas puedan regularizar la posesión de propiedades pequeñas. El proyecto eleva el monto del avalúo fiscal necesario para acceder a este beneficio, adaptándose a las alzas en el valor de las propiedades urbanas y rurales.
De lo contrario se perjudicaría el correcto procedimiento administrativo de desalojo.
La Subsecretaría de Bienes Nacionales no pudo acreditar que la entrega de tales antecedentes implique una afectación a la seguridad individual de los funcionarios.
Sin embargo, recuerda que el MBN debe autorizar las concesiones emplazadas en territorios fiscales y que el dictamen N°25667N19 pronunció –en un caso similar- que es necesario efectuar una consulta indígena preliminar para resolver si se permite o no la ocupación de predios ubicados en Áreas de Desarrollo Indígena.
El artículo 13 del DL N°1.939 de 1977 no consagra la diferencia prevista en el artículo 35 del Código de Aguas.
Es necesario que el Estado se haga cargo de la situación de las ocupaciones sobre terrenos fiscales, incorporando nuevas herramientas jurídicas que permitan contar con la posibilidad de transferir en dominio aquellos terrenos.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de la autoridad al rechazar en su totalidad la transferencia de terrenos por una supuesta incongruencia entre la cantidad de habitantes de la comunidad y la superficie solicitada.
Los actores no acreditaron su interés jurídico, directo e inmediato, comprometido en el resultado del juicio y en la protección de la garantía constitucional invocada.
Aun cuando se hayan concedido ampliaciones de plazo con anterioridad, por mandato legal la modificación del contrato de concesión requiere de determinados actos administrativos, los que no ocurrieron en el caso.
La recurrente estimó vulnerado las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.
